Entre los hallazgos destaca que el laboratorio involucrado en la elaboración de un Fitofármaco en base a cannabis, no contaba con permiso del ISP. Además, hubo incumplimientos en los convenios.

Incumplimiento de los convenios, así como que la falta de permisos oficiales del laboratorio para fabricar el fármaco, fueron algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República (CGR) al analizar los acuerdos suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país para implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”.

La CGR dio a conocer el informe final N° 247, de 2024, en el que auditó dichos convenios que se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Esto, para implementar el programa por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la Fundación.

Uno de los hallazgos de la auditoría reveló que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la Fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.

También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.

La CGR comprobó, además, incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas, tales como, no exigirlas a la Fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la Fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos. A ello, se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.

El ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año. A raíz de estos hallazgos, la Contraloría General iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan.